Columnas

Que paguen los evasores

Como debía hacerse desde un principio para no seguir cayendo en la improvisación o en la imposición, esta semana se ha llegado a unos puntos básicos de acuerdo entre el empresariado formal de Neiva y la administración capitalina frente al proyecto de Acuerdo que anuncia el gobierno local de reforma  al Estatuto Tributario.

Es de público conocimiento que en un sistema democrático la operación del Estado, entiéndase nación, departamento, distrito, municipio, se soporta en los tributos, los impuestos, las tasas y/o contribuciones. Sabemos también que Neiva cada día tiene más necesidades, entre otras cosas, por más población y más pobreza, amén de lo que ha significado la reforma por la que se estableció el Sistema General de Regalías, que dejó a municipios como Neiva sin millonarios recursos que entraban por concepto de las regalías generadas por la explotación del petróleo. Que el gobierno capitalino busque quince mil millones de pesos para reparar la malla vial, para darle sostenibilidad al programa de alimentación escolar, avanzar en programas ambientales y comprar lotes para ampliar las calles, es algo que sensatamente no se puede cuestionar.  La inquietud surge cuando se anuncia un proyecto de acuerdo que impondría nuevas y onerosas cargas tributarias a los comerciantes organizados y formales para financiar los planes referidos. Claro está, la reacción no se hizo esperar. Y es que si hay aquí y en todo el país un grupo, un sector, un gremio que cumpla a cabalidad con sus obligaciones en materia tributaria, pues, lo es el comercio organizado. Y lo hace porque es su obligación y tiene que cumplir con los mandatos oficiales. Otra cosa es que se recueste el gobierno sobre ellos para hacerlos únicos sujetos a quienes quiere meterles la mano al bolsillo. Recordar, así mismo, que no lleva un semestre con el piano a la espalda de la reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República el año anterior, para acoger la iniciativa del Gobierno Nacional. Así, bienvenida la decisión de la Secretaria de Hacienda Municipal de retirar del anteproyecto de Acuerdo los artículos que le buscaban imponerle al comercio alzas en los impuestos Predial y de Industria y Comercio. Y, por último, una respetuosa sugerencia al Gobierno de Neiva, haga lo que se debida hacer: dedique un buen equipo a la tarea de meter en cintura los miles de evasores, propietarios de lotes y negocios informales.

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Luces sobre alumbrado público

4 Junio 2017

Por iniciativa de un colectivo humano y empresarial que lideró el concejal German Casagua, tuvimos oportunidad de asistir esta emana a un conversatorio cuyo tema central  fue el alumbrado público de la Capital. Como se sabe, la concesión que para el efecto se suscribió con la firma Diselecsa por veinte años, vence en siete meses. La controvertida concesión ha dejado un amargo sabor a las administraciones y, con ellas, a los habitantes de Neiva. Procesos jurídicos, demandas, decisiones de tribunales de arbitramento y fallos de los más altos tribunales, han sido la constante en el malogrado convenio. A ello debe sumarse la deficiencia tecnológica y el menor cubrimiento del servicio. Todo ello, hacía imperativa y urgente la reunión que nos ocupa. Son miles de millones de pesos los que envuelven este negocio que, por lo demás, debe haber dejado millonarias ganancias al operador, que no guardan proporción con los requerimientos y demandas de los neivanos. Entonces, resaltar el rol del concejal Casagua y Asamblea Visible, quienes seleccionaron un excelente grupo de expertos y profesionales que nos ilustraron sobre las diferentes modalidades de contratación que hoy se conocen y se aplican en otras ciudades de Colombia. Este, por supuesto, debe ser un asunto que le importe y le interese a todos: empresarios, académicos, organizaciones sociales, juntas administradoras locales, juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas y gobierno municipal. Decir también que, según los conferencistas, hay varias formas de hacer la operación. Una de ellas es de manera directa, por parte de la Administración, que debe hacer inversiones en inventarios, modernización y ensanche de las redes. Otro es la que rige actualmente. La Administración entrega a un particular la autorización para el manejo del sistema y es él quien debe hacer las inversiones y transferir un porcentaje de las utilidades a las arcas municipales. Una tercera opción es la  alianza pública-privada, poco recomendada por los expositores. Capítulo especial también tuvo el relacionado con la adopción de las nuevas tecnologías, que hoy permiten ahorrar costos hasta en un 40%, según el invitado especial Hernán Ossa Rincón, consultor de alumbrado público. Aseguró que es evidente el incumplimiento de reglamentos técnicos que entraron en vigencia en la última década; y una sugerencia muy puntual: empezar a sustituir las luminarias actuales por unas Led. Así, es mucho lo que hay por hacer para no quedarnos sólo en las críticas.

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